Durante un breve momento, la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia ha atraído la atención del público. Las imágenes de miles de refugiados procedentes de Irak, Siria, Yemen y otros lugares, que fueron atraídos por el presidente bielorruso Lukashenko y reunidos en el territorio bielorruso de la frontera en condiciones inhumanas, despertaron la indignación de la opinión pública europea. Los análisis geopolíticos aparecieron y las respuestas políticas y represivas (sanciones, militarización de la frontera) aparecieron.
No obstante, hoy en día, el drama humanitario continúa en ambos lados de la frontera y no se dio una respuesta adecuada. Desde septiembre de 2021, el gobierno polaco declaró una zona de emergencia a lo largo de su frontera con Bielorrusia. Los migrantes que entran en la UE cruzando la frontera polaco-bielorrusa se encuentran en una peligrosa zona militarizada en la cual no tienen acceso a médicos, periodistas ni tampoco a representantes de ONG. En el bosque de Białowieża, uno de los últimos bosques antiguos que quedan en Europa, hombres, mujeres y niños mueren de hipotermia, sed, hambre y falta de acceso a la ayuda médica que salva vidas.
Los guardias fronterizos polacos ignoran de manera sistemática sus solicitudes de asilo y los devuelven al lado bielorruso de la frontera. La práctica de la devolución está prohibida, incluso en tiempos de crisis, por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, textos de derecho que la Unión Europea como sus Estados miembros tienen que respetar.
Obligados por los soldados bielorrusos a cruzar la frontera, algunas familias han sido devueltas más de diez veces ; a veces han sido separadas, acontecimientos que agravaron los intolerables dramas humanos que tienen lugar en las zonas fronterizas. ONGs como Grupa Granica o Human Rights Watch publicaron informes exhaustivos sobre estas violaciones.
El 1er de diciembre de 2021, la Comisión Europea respondió proponiendo – basándose en el artículo 78 § 3 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE– que el Consejo adoptara medidas de emergencia para permitir a los Estados miembros de la UE, afectados por estos acontecimientos, de gestionar la crisis. Sin embargo, en lugar de reafirmar el carácter fundamental del derecho a solicitar asilo, autoriza en realidad a las autoridades polacas, lituanas y letonas a aplicar el procedimiento fronterizo acelerado a todas las solicitudes de asilo. De este modo, hace menos probable que se consideren las solicitudes de asilo de estas poblaciones en extrema necesidad de protección, y apoya la legalización de las expulsiones masivas.
Esta propuesta legislativa es una amenaza para todos los ciudadanos de la UE. Apoyar este tipo de medidas ilegales permite que los gobiernos autoritarios establecen zonas al margen del derecho en Europa. La Unión Europea, que se fundó en el Estado de Derecho y en la defensa de los derechos fundamentales, no puede pura y simplemente transigir con estos principios.
Ante las prácticas ilegales e inhumanas que persisten y se están institucionalizando cada vez más, es urgente reafirmar las normas universales y fundamentales del Derecho. Nosotros, ciudadanos de la UE, debemos afirmar y defender estos derechos porque, en una democracia, sólo la ley puede protegernos contra las decisiones arbitrarias.
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